Un fallo de judicial conocido recientemente, confirmó la sentencia que obliga a la empresa concesionaria del servicio público de recolección de residuos CLIBA y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a incorporar al menos un 5% de discapacitados en su plantilla de empleados, en cumplimento de la Ley Nº 1502. La empresa admitió tener sólo una persona con discapacidad.

La Ley N° 1502 del gobierno del Código de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se publicó en 2004 con el propósito impulsar la incorporación de personas con necesidades especiales. La norma establece que en proporción el 5% de los empleados del Sector Público de la Ciudad deben ser personas con discapacidades.

Para que no hubieran graves inconvenientes el artículo 4° de dicha ley proponía un plazo gradual y progresivo de 2% cada dos año hasta alcanzar el número fijado.
La demanda, una acción de amparo colectiva, se presentó a fines de 2007 de parte de la Clínica Jurídica de la Universidad de Palermo (UP), un estudio jurídico sin fines de lucro, representando a la Red por los derechos de las personas con Discapacidad (R.E.D.I.) ganó en primera instancia la acción colectiva de amparo emprendida frente a la empresa Cliba Ingeniería Urbana S.A.

Si bien Cliba, había cumplido con la obligación constitucional de prever el cupo, admitió tener sólo una persona con discapacidad, lo que representa menos del 0,1% de su planta laboral, compuesta de 1285 empleados.

Así lo determinó la jueza Andrea Danas, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hizo lugar a la demanda y ordenó “que la empresa -en el plazo de 60 días- tiene que adoptar las medidas concretas y efectivas tendientes a cubrir el cupo exigido por el art. 43 de la CABA y la Ley Nº 1502, debiendo informar regularmente al Tribunal el cumplimiento gradual del ingreso de personas con necesidades especiales, de acuerdo a su idoneidad y a medida que se produzcan vacantes”.

Facundo Chavez Penillas, representante de R.E.D.I., dijo que: “esta demanda es parte importante de una estrategia judicial iniciada hace cuatro años por la reivindicación del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, que vivimos un desempleo estructural superior al 90%”.