Después de mas de 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a pesar de los avances obtenidos en materia de política social relativa a la discapacidad, tenemos que seguir hablando de la falta de apoyo social que tienen las personas que presentan minusvalías. A todas luces los programas, servicios y prestaciones económicas destinados a la prevención, investigación y atención integral del colectivo siguen siendo insuficientes.

Desde las administraciones públicas, ONGs, agentes sociales y las distintas disciplinas sociales se vienen realizando esfuerzos para prevenir y generar cambios positivos en el campo de las deficiencias, discapacidades y minusvalías, ampliamente definidas por la OMS. Si embargo, día a día los trabajadores sociales detectamos que las personas con discapacidad siguen presentando unas condiciones sociales desventajosas, no sólo como consecuencia de tener deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales y discapacidades que les dificultan ejercer diversos roles de la vida cotidiana, sino, además, por la falta de apoyos sociales, públicos y privados los cuales impiden a este colectivo poder ejercer el derecho a la igualdad de oportunidades ampliamente preconizado por la ONU y por nuestra Carta Magna.

Como consecuencia no son las deficiencias, las discapacidades y minusvalías, las únicas causas para que estas personas no puedan ejercer los derechos y deberes contemplados en nuestra Carta Magna, sino la lentitud y deficiencias para impulsar y desarrollar los programas de promoción, prevención y atención, tendentes a que las personas con discapacidad tengan una presencia más activa en la vida económica y social de nuestro país.

REALIDADES Y QUIMERAS

Para hablar de realidades en materia de los "Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad" se ha de hablar de consecución de Planes Integrales eficaces y tangibles, es decir en "Legislación Positiva" que ampare la igualdad de oportunidades para que las personas puedan acceder a los bienes y servicios de la comunidad.

Pensamos que si los Derechos Humanos no se apoyan Leyes y Planes Integrales que sean llevados a cabo desde la cooperación institucional de las administraciones públicas, privadas y ONGs, todo lo que se diga al respecto resultará ser una pura quimera. Sobre algunas quimeras, (entendidas como lo que se propone como posible y verdadero, no siéndolo) y las realidades de los Derechos Humanos del colectivo de personas con discapacidad vamos a exponer unas breves pinceladas. En la historia de los Derechos Humanos, nos encontramos con la realidad de que las luchas y presiones ejercidas por los pueblos han ido impulsando la conquista de las libertades, el reconocimiento de la dignidad de la persona, la igualdad, la participación y la solidaridad. Sin duda, al tratar los derechos humanos se hace imprescindible abordar los derechos sociales. Al hacerlo comprobamos que estos derechos sociales son pura quimera, si las recomendaciones y legislaciones, no están sustentadas en medidas de Política Social, las cuales, a su vez, han de estar dotadas con partidas presupuestarias para llevar a cabo los programas globales y servicios que posibiliten la prevención, rehabilitación y atención. Ello requiere del esfuerzo de las Administraciones Públicas, del colectivo de personas con discapacidad y el tejido social para poder hacer realidad la igualdad de oportunidades, la participación y la solidaridad de todos los ciudadanos. Muy brevemente vamos exponer algunas de las "realidades" de los logros colectivos centrado en el marco Internacional, Europa, España y en Canarias.

INTERNACIONAL

Al echar una mirada a lo que han sido los derechos humanos y sociales del sector de minusvalías, vemos como es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando eclosionan y confluyen los avances en las ciencias sociales en este campo, el desarrollo y presión de los movimientos sociales y asociativo, junto, con las organizaciones como: la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización Mundial de la Salud (OMS), La Organización Internacional del Trabajo (OIT), impulsan avances significativos en los distintos aspectos relacionados con la población de personas con discapacidad.

El punto de arranque decisivo fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948, siendo asumida por la mayoría de los países democráticos, los cuales se comprometen a su aplicación. Específicamente, en la discapacidad, como eventos importantes, cabe señalar la Declaración de los Derechos del Deficiente Mental de la ONU (1971); la Declaración de los Derechos del Minusválido (1975); "la Carta de los 80", de Rehabilitación Internacional; el programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad de la ONU (1982) y las Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad ONU (1996), aprobadas en 1992.La finalidad, de las Normas de Igualdad de Oportunidades, garantizar que las personas con discapacidad, en su calidad de miembros de sus respectivas comunidades, tengan los mismos derechos y obligaciones que los demás. A tal fin se establecen los requisitos de la igualdad y participación (mayor toma de conciencia de los estados y de la sociedad, atención médica, rehabilitación y servicios de apoyo). También recogen el acceso a la educación, empleo, mantenimiento de ingresos, vida en familia, cultura, deporte y ocio, impulsándose, además, medidas de información e investigación, de planificación legislación, política económica, coordinación de trabajos, organizaciones supervisión y evaluación, cooperación.

COMUNIDAD EUROPEA

De estas medidas internacionales la Comunidad Europea se hace eco desde comienzos de los ochenta, aprobando el primer Programa de Acción Comunitaria en 1983, enfocado a la integración social y educativa, teniendo continuidad en Helios I y Helios II, hasta 1996, incorporando acciones para la vida independiente. Otra importante línea, enfocada a la formación y empleo se abre, a partir de 1986 con la aprobación de diversas recomendaciones la cual continuará con el programa Horizon hasta 1999. Además, en el seno de la C.E. se aprueban otras Iniciativas de ayudas técnicas "Tide", investigación y salud; telecomunicaciones y telemática; accesibilidad al transporte y ocio.

ESPAÑA

Las primeras medidas específicas se inician a finales de la década de los 60. Concretamente, (Garcés-Ferrer, 1992; y Barranco,1998) en 1968 se crea el "Servicio Social de Asistencia a Subnormales", el cual en 1970, pasa a denominarse "Servicio Social de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos". En 1974, éste cambia su nombre por el de: "Servicio Social de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos", (SEREM), desapareciendo esta denominación, en 1979, para dar lugar al "Instituto Nacional de Servicios Sociales" (INSERSO) y finalmente, en noviembre de 1997 se constituye como "Instituto de Migraciones y Servicios Sociales" (IMSERSO).

Pese a la creación de organismos específico, desde finales de la década de los sesenta, el avance notorio, en España, no se produce hasta la década de los ochenta, propiciado por nuestra Carta Magna, la cual, como ya hemos enunciado, en su artículo 10 recoge el derecho a la dignidad y las normas que fundamentan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el artículo 49, donde se expresa el deber de los gobiernos de aplicar políticas de previsión, rehabilitación, tratamiento e integración social, siendo este último el que da lugar, en 1982, a la promulgación de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) y posteriores Decretos que regulan el Empleo, Centros Ocupacionales, Educación, Prestaciones Económicas, etc. Como consecuencia a principios de los 90 se abre en España un periodo de valoración y propuestas para mejorar las condiciones sociales de las personas con discapacidad, auspiciado por las administraciones públicas y el movimiento asociativo, junto con otros agentes sociales, que culmina con la aprobación del Plan de Acción para Personas con Discapacidad de 1997-2002, (INSERSO, 1996).

En este Plan de Acción para las Personas con Discpacidad, vigente hasta el año 2002, se contemplaban los pilares básicos para posibilitar la normalización, incremento de la calidad de vida y de la calidad del servicio, fijándose como estrategias la: equiparación de oportunidades; equidad interterritorial; cooperación institucional; participación ciudadana; apoyo a la calidad. Todo ello con la finalidad de: 1) lograr el máximo de autonomía e independencia de las personas con discapacidad; 2) impulsar una presencia más activa y una participación en la vida económica y social del colectivo las cuales se concretan en programas para: la promoción de la salud y prevención de las deficiencias; asistencia sanitaria y rehabilitación integral; integración escolar y educación especial; participación e integración en la vida económica; integración comunitaria y vida autónoma. En resumen, el Plan de Acción es un plan estratégico en el que se concretan los objetivos, las medidas y acciones fundamentales a realizar por la Administración Central; Autonómicas; Cabildos y Ayuntamientos. Para su puesta en marcha y aplicación es imprescindible provocar la participación y cooperación de las personas con discapacidad y la solidaridad del sector privado (mercantil; tercer sector y sector social: asociaciones, instituciones, fundaciones, corporaciones, cooperativa, centros ocupacionales y de empleo, sindicatos partidos políticos) sector informal (familia, vecinos y comunidad), todo ello promocionado y apoyado por las mencionadas Administraciones Públicas con estrategias operativas para lograr la equidad interterritorial, la cooperación institucional y la participación ciudadana.

CANARIAS

En Canarias, paralelamente al proceso general de España, también se crea la Sección de Minusválidos que coordina sus acciones con la Administración Central, hasta que, en 1985, se realizan las transferencias del INSERSO en materia de minusválidos a nuestra Comunidad. La ley de Servicios Sociales de 1987, (artículo 7.3.d) recoge las actuaciones en materia de integración social del sector que nos ocupa, publicándose, en 1995, la ley de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación. Se comprueba, que fruto de todo ello, en Tenerife se viene experimentado un crecimientos cuantitativo de la red de servicios sociales especializados, donde hay más de 100 centros específicos en la provincia, para una población con minusvalía de 60.250 personas (Instac,1996), siendo, además, notaria la ampliación de los servicios sociales generales y el crecimiento del tejido asociativo.

También, se avanza en la formación y docencia en nuestra Universidad de La Laguna. Convenios de colaboración entre la Escuela de Trabajo Social y las Organizaciones públicas y ONGs, mediante los cuales se llevan a cabo estudios sociales y programas de intervención y evaluación de las personas con discapacidad, la familia y el medio social. Así mismo, diversas ONGs están realizando programas subvencionados por la C.E., dentro de la iniciativa Horizon, de formación e integración laboral, en algunos de los cuales participa la Escuela Universitaria de Trabajo Social de La Laguna.En la actualidad, desde la Consejería de Asuntos Sociales se ha presentado al Consejo General de Servicios Sociales el "Plan General de Asuntos Sociales", (Gobierno de Canarias, Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, 1998) que incluye los objetivos y medidas a realizar con el sector de minusválidos, el cual hay que debatir, existiendo un grupo de trabajo sobre este tema y otros relativos al sector que nos ocupa, (abierto a cuantas personas deseen participar), formado por personas con discapacidad, ONGs y Escuela Universitaria de Trabajo Social de La Laguna.

CONSIDERACIONES FINALES

No podemos negar las evidencias de las realidades: estamos avanzando con medidas concretas de apoyo social en el campo de la discapacidad, en relación a períodos anteriores. Se está alcanzando mayores cotas de bienes y servicios, estamos emprendiendo acciones para que día a día se vayan reconociendo los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, a nivel general.

Sin embargo, hoy sigue teniendo mucho de quimera, la autonomía y participación activa de este colectivo en la vida económica y comunitaria. Como consecuencia es preciso continuar aunando los esfuerzos solidarios (organizaciones públicas; privadas, ONGs; profesionales; familiares; vecinos etc.). Es preciso seguir luchando por mejorar las políticas sociales, conseguir mayor dotación presupuestaria, mayor cooperación institucional, mayor participación en la vida económica y comunitaria de las personas con discapacidad hasta alcanzar el nivel deseable de igualdad de oportunidades y participación social, básicos, desde la perspectiva de los derechos humanos y desde los paradigmas de la "normalización" y el "vida independiente". Juntos, estableciendo redes sociales y estableciendo canales en la unidad de acción, continuaremos avanzando, haciendo "realidad" que los Derechos Humanos y Sociales no queden reducidos a una mera declaración de intenciones o en políticas pasivas, propias de los estados y agentes benefactores, es decir, en mera "quimera".La realidad es que nos queda mucho camino para llegar a alcanzar el nivel deseable de implantación de los Derechos Humanos y Sociales para una población mundial, con discapacidad, que se estima, (10% de la población) en unos 600 millones, de los cuales corresponden a la Comunidad Europea unos 30 millones, a nuestro país cerca de 5 millones y al archipiélago canario 104.617 personas con minusvalías según la encuesta de población ( INSTAC, 1996).

BIBLIOGRAFIA

BARRANCO, C. (1997): Trabajo Social y discapacidad. Tenerife, EUTSLL, sin editar

GARCÉS FERRER, J. (1992): Administración social pública. Valencia, Tirant lo BGOBIERNO DE CANARIAS. (1988): Ley de Servicios Sociales. Tenerife, Dirección General de Servicios SocialesGOBIERNO DE CANARIAS.

1998): Plan General de Asuntos Sociales. Tenerife, Consejería de Empleo y Asuntos Sociales.

IMSERSO. (1997): Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. Madrid, INSERSO. Primera edición publicada en 1983.

INSERSO. (1988): Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad. Madrid,
Ministerio de Asuntos Sociales.

INSERSO. (1996): Plan de Acción para las personas con discapacidad 1997-2002.
Madrid. Ministerio de Asuntos Sociales.

ORGANIZACION DE LA NACIONES UNIDAS. (1996): Reglas estándar sobre la igualdad
de oportunidades para las personas con discapacidad, Argentina, Lumen.

 

CARMEN BARRANCO EXPÓSITO

Profesora Titular de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de La Laguna Licenciada en Psicología. España